Nueva Zelanda cambiará la ley para permitir que su agencia de inteligencia espíe a ciudadanos neozelandeses y evitar las ilegalidades cometidas en la vigilancia del informático Kim Dotcom, informó hoy la prensa local.
El primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, presentó la reforma para dar mayores poderes a la Oficina Gubernamental de Seguridad en las Comunicaciones (GCSB) para que colabore con la Policía y otros organismos de seguridad.
Key justificó la medida por la necesidad de hacer frente a la rápida evolución tecnológica en áreas como la ciberseguridad y la prevención de ataques cibernéticos. «Es vital que la legislación en este terreno se ajuste a los objetivos y se mantenga al día con los cambios en el ámbito en el que opera, a la vez que salvaguarda los derechos de los neozelandeses», dijo Key a la televisión TVNZ.
El primer ministro añadió que es «esencial que una agencia que ejerce poderes intrusivos tenga un marco legal claro en el que operar». Con la legislación actual la GCSB tiene competencias para prestar asistencia a agencias de inteligencia y en ciberseguridad, pero tiene prohibido espiar a ciudadanos neozelandeses.
Sin embargo, el año pasado trascendió que la agencia había espiado ilegalmente a Kim Dotcom, requerido por EE.UU. por supuesta piratería informática, como parte del operativo del FBI que llevó a la detención del fundador del portal Megaupload en enero de 2012.
La GCSB aseguró después que desconocía que el informático alemán y su socio holandés Bram van der Kolk, también espiado por la agencia, tenían permiso para residir en Nueva Zelanda y que se guió por la información ofrecida por la Policía.
La reforma legal, que el jueves se llevará al Parlamento para su aprobación, permitirá el espionaje de neozelandeses por parte de la GCSB con la autorización del ministro responsable de la agencia, habitualmente el primer ministro.
Dotcom y sus tres socios actualmente se encuentran en libertad condicional en Nueva Zelanda a la espera del inicio del juicio de extradición a EE.UU. previsto para agosto próximo, aunque se cree que este proceso puede aplazarse otra vez más debido a las complicaciones en el caso.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Megaupload haber causado más de 500 millones de dólares (382 millones de euros) en pérdidas a la industria del cine y de la música al transgredir los derechos de autor y obtener con ello unos beneficios de 175 millones de dólares (134 millones de euros).
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