Los robos al paso de celulares, carteras y bienes de montos menores a un sueldo mínimo (S/.750) serán sancionados hasta con seis años de prisión. Así lo dispone la nueva ley publicada ayer en el diario “El Peruano” por el Poder Ejecutivo.
La Ley Nº 30076 modifica diversos artículos del Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y del Código de los Niños y Adolescentes con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana.
Según la nueva norma, los sujetos que cometan tres a más de estos delitos serán considerados delincuentes habituales y serán sancionados con cárcel. En el actual Código Penal, solo los robos de pertenencias con un valor mayor a cuatro sueldos mínimos (S/.3.000) recibían este castigo.
El congresista de Somos Perú y autor de esta medida, Fernando Andrade, resaltó la decisión de endurecer las penas, ya que antes los hampones solo eran sancionados con trabajos comunitarios.
“Los delincuentes deben estar encerrados y no nosotros que tenemos que estar enrejando las calles para sentirnos protegidos”, sostuvo.
La nueva norma también elimina los beneficios en la reducción de penas para los sicarios, homicidas y traficantes de drogas que tienen entre 18 y 21 años de edad.
Asimismo, los sujetos que violen sexualmente a menores y tengan algún vínculo familiar serán castigados con cadena perpetua.
Con la nueva ley también se sancionan las nuevas modalidades del delito de marcaje, como el acopio o entrega de información, vigilancia o seguimiento o colaboración mediante el uso de armas, vehículos, teléfonos entre otros medios.
El delito se agrava cuando el sujeto es servidor o funcionario público, o con vínculo laboral con la víctima o trabaje en empresas del sistema financiero, entre otros.
NO BASTA CON UNA LEY
Según el abogado penalista Luis Lamas Puccio, el endurecimiento de las penas nunca ha dado buenos resultados en el país. El experto señala que las experiencias que plantearon cadena perpetua y pena de muerte para los delincuentes en otros países no lograron reducir los índices delictivos.
“El delincuente no tiene capacidad de discernimiento y no encuentra en la ley un amedrentamiento. Creo que esta ley de tolerancia cero es una reacción política frente a los recientes casos criminales”, dijo Lamas Puccio.
Según el penalista, durante los últimos 30 años el país ha incrementado las penas al terrorismo y al narcotráfico dependiendo de si el delito es más mediático. “La cárcel debe entenderse como una medida de extrema gravedad. No se puede mandar ahí a todo el mundo”, dijo Lamas.
Para el general Gustavo Carrión, ex director de la PNP, la única respuesta que ha tenido este gobierno para combatir la delincuencia es endurecer las penas, pero eso no es suficiente. “Las penas para el robo agravado, por ejemplo, ya son lo suficientemente duras. El problema es que los operadores del sistema penal, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE, están fallando. Es probable que estas normas solo queden en el papel”, concluyó.
EN PUNTOS
La norma dispone que los abogados defensores que utilicen mecanismos dilatorios y los fiscales que no cumplan oportunamente con sus deberes funcionales sean sancionados según la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Para quienes sean condenados por cometer crímenes, la ley declara la incapacidad definitiva para obtener licencia de conducir cualquier tipo de vehículo o para portar armas de fuego o de aproximarse o comunicarse con las víctimas o de visitar internos en penales.
Se disponen mayores requisitos para obtener los beneficios penitenciarios.
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