Juan Orlando Hernández asumió ayer como presidente de Honduras para el periodo 2014-2018 e inmediatamente ordenó a las fuerzas militares y policiales comenzar la “Operación Morazán” de combate al crimen organizado y bandas criminales que azotan al pueblo hondureño.
Hernández, de 44 años y miembro del gobernante Partido Nacional, juró el cargo con su mano en la Constitución ante el titular del Parlamento de Honduras, Mauricio Oliva, quien le impuso la banda presidencial.
Luego juró ante Dios y su familia con una Biblia, a pesar de que Honduras es un estado laico, y dijo que dará “todo” para hacer un buen gobierno.
Tras recibir los honores militares, Hernández ordenó a las fuerzas armadas y policiales iniciar de inmediato lo que llamó “Operación Morazán” para el combate a la delincuencia, el mayor flagelo de los hondureños.
Honduras es considerado el país más violento del mundo por las Naciones Unidas, al registrar 83 muertes por cada 100 mil habitantes.
En ese sentido, dispuso enviar a centenares de efectivos militares y policiales al combate a la criminalidad común y organizada.
También denunció la “doble moral” en el tratamiento a las drogas y el narcotráfico. “(Mientras) nosotros ponemos los muertos y peleamos con escasos recursos propios, el tema de la droga para Norteamérica es sólo un tema de salud para su pueblo”, indicó.
Hernández vinculó el alto nivel de homicidios al tráfico de drogas procedente de Sudamérica con destino al mercado consumidor de Norteamérica, en referencia a Estados
Unidos.
“Aproximadamente siete de cada diez homicidios están vinculados con la droga. Si no existiera el problema de la droga en Honduras, no estaríamos entre los países más violentos del mundo”, afirmó Hernández.
Por ello, invitó a su homólogo de Estados Unidos, Barack Obama, a trabajar más en el combate del narcotráfico, pues señaló que es un problema que también le compete al país norteamericano.
“Invitamos al gobierno del presidente Barack Obama y al Congreso de Estados Unidos que reconozcan este principio de responsabilidad común compartida pero diferenciada, y que trabajemos de veras, en conjunto, para ayudarnos a resolver este problema que también es de ellos”, subrayó Hernández.
Pobreza y drogas, sus retos
El nuevo presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, enfrenta una dificilísima situación ante la combinación de grave inseguridad y narcotráfico, pobreza extrema y un Congreso profundamente dividido.
“Los desafíos de seguridad son numerosos e inmensos”, consideró Marguerite Cawley en un análisis para el grupo InsightCrime, basado en Washington D.C.
Un 80 por ciento de la cocaína que llega a México camino a Estados Unidos pasa por Honduras, que también ha visto un incremento en la presencia de grupos delictivos internacionales como Los Zetas y el cártel de Sinaloa, originarios de nuestro país.
Igualmente, hubo la aparición o evolución de grupos locales, como Los Cachiros, que se dedica al transporte de droga y es un eslabón entre grupos colombianos y mexicanos. Se encuentran también pandillas internacionales, como la Mara Salvatrucha y la Mara 18.
De entrada, la situación en Honduras, considerado como uno de los países más peligrosos del mundo, se ha agravado desde 2009, cuando el presidente Manuel Zelaya fue destituido por un golpe militar con apoyo legislativo.
De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), Honduras tuvo en 2011 una tasa de homicidios de 91.6 por cien mil, en tanto que la propia organización consignó que más de dos terceras partes de los hondureños viven en la pobreza.
Para rematar, la expulsión de Zelaya, un populista con retórica izquierdista, llevó a una creciente polarización de la clase política y el país, lo que hace dudar que pueda poner en práctica que rescaten a Honduras.
Mas aún, sus propuestas para enfrentar el problema de narcotráfico y delincuencia organizada son sobre todo medidas de fuerza, como la creación de una fuerza de policía militar y una ley para facilitar la extradición de delincuentes reclamados por Estados Unidos.
Juan Orlando Hernández declaró durante su campaña presidencial que “haré lo que tenga que hacer para extirpar el crimen”. Parte de la política es la decisión de derribar aviones sospechosos de transportar drogas, así como la compra de nuevos radares.
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