La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, rechazó el informe presentado esta tarde por la Contraloría General de la República en el cual se alerta sobre presuntas irregularidades en al menos ocho casos que atañen a su gestión.
«Yo no tengo rocas ni tengo piedritas. Que abran todos los cajones y levanten todas las alfombras. Lo que no es aceptable es que sin haber permitido el debido proceso, el Contralor nos de cinco días para responder a sus hallazgos y antes de eso, sin nuestra respuesta, decida hacer una conferencia de prensa en la que se nos acusa. Eso no es debido proceso, eso es abuso de autoridad», manifestó
Esta tarde, el contralor Fuad Khoury brindó una conferencia de prensa en la cual detalló al menos ocho casos (Caja Metropolitana, Emmsa-Relima, Cámaras de seguridad, Pagos por servicios no prestados, Grandes proyectos sin opinión previa, SAT Lima, Cerco Perimétrico y Emmsa) en los cuales habría indicios de supuestos delitos.
Asimismo, el máximo funcionario de control rechazó cualquier tipo de interés político al presentar este reporte. «Nos guiamos por el principio de legalidad y no por criterios de oportunidad y conveniencia. No razonamos en ese código, sino en el de estricta legalidad», indicó.
De la misma manera, confirmó que su entidad comunicó a la Fiscalía Penal Supraprovincial la existencia de estos hechos, los cuales «constituirían indicios razonables de una conducta de evasión en las normas de contratación administrativa en la corporación municipal de Lima», añadió.
LA RESPUESTA DE LA COMUNA
El municipio capitalino envió un comunicado en el cual descartó tajantemente cualquier ilegalidad en los casos mencionados.
COMUNICADO: Municipalidad de Lima se pronuncia sobre información de la Contraloría General de la República http://t.co/GexNe9MQTa
— Municipalidad d Lima (@MuniLima) agosto 21, 2014
Aquí los puntos mencionados:
1. Reafirmamos que en los procesos a los que ha hecho referencia el día de hoy el Contralor General de la República, no existen actos de corrupción ni delitos contra la administración pública. Enfatizamos que la política de la MML ha sido de total transparencia y colaboración permanente con las distintas instancias de fiscalización y control, salvaguardando y facilitando su independencia en las recurrentes investigaciones iniciadas a nuestras gerencias y empresas.
2. Lamentamos que el Contralor General de la República haya adelantado opinión en procesos que se encuentran en investigación, varios de los cuales la MML ha tomado conocimiento de su existencia a partir de la conferencia de prensa y no a través de los conductos administrativos regulares. En el caso de la Caja Metropolitana, recién ayer se realizó la comunicación de hallazgos, teniendo la entidad cinco días hábiles para emitir descargos.
3. Informamos a los vecinos de Lima que en ninguno de los casos mencionados se ha involucrado formalmente a la Alcaldesa de Lima Metropolitana, quien está siendo excluida de todas las investigaciones. La Alcaldesa, que se encuentra de licencia en el marco de su candidatura, se pronunciará en términos políticos sobre este tema más adelante.
4. La MML siempre ha asumido los costos de realizar una gestión administrativa transparente y honesta con procesos de licitación y contratación abiertos al escrutinio público, fortaleciendo así la institucionalidad democrática.
¿RECAERÍA ALGUNA RESPONSABILIDAD SOBRE VILLARÁN?
El experto en temas municipales Julio César Castiglioni refirió que, en caso las investigaciones determinen que hubo ilícitos penales en lo revelado por la Contraloría, sí podría recaer la responsabilidad sobre Villarán.
Según dijo, la Ley Orgánica de Municipalidades señala que el alcalde es cabeza ejecutiva y administrativa de la comuna que dirige. Asimismo, la autoridad edil tiene la obligación de reportar mensualmente la situación financiera del ente a su cargo. (Aunque lamentó que esto no se cumpla frecuentemente).
De esta manera, agregó Castiglioni, es imposible que una autoridad señale que no estaba informada sobre determinados temas.
Pese a esto, el reconocido especialista señaló que la investigación fiscal podría tomar entre 18 y 36 meses y durante ese lapso Villarán de la Puente podrá continuar siendo alcaldesa
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