La Corte Penal Internacional (CPI) ha evitado constantemente la apertura de una investigación sobre presuntos crímenes de guerra israelíes en Gaza debido a la presión de EE.UU. y otras potencias occidentales, publicó el diario ‘The Guardian’.
Según el informe del periódico británico, que cita a exfuncionarios judiciales y exabogados de la Corte, “en los últimos días, una potencial investigación de la CPI de las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel y Hamás en Gaza se ha convertido en campo de una tensa batalla política y un tema de negociación clave en las conversaciones sobre el alto el fuego en El Cairo”.
La Autoridad Palestina ha amenazado con solicitar que el Tribunal examine las denuncias de que las muertes de civiles en Gaza durante la operación del Ejército israelí ‘Borde Protector’ (‘Protective Edge’) constituyen un crimen de guerra.
Los palestinos llevaron a Israel a la Corte por crímenes de guerra en 2009, tras la Operación ‘Plomo Fundido’ (‘Cast Lead’). Sin embargo, la solicitud se presentó antes de que los palestinos fueran reconocidos como un Estado observador no miembro de las Naciones Unidas en el 2012.
Por su parte, la Corte Penal Internacional está dividida sobre si es o no es competente para investigar el asunto sobre la base de la solicitud del 2009, o si una nueva solicitud tendría que ser presentada.
‘The Guardian’ informó de que la presión occidental ha impedido que la Corte considere que la solicitud del 2009 da a la Corte la competencia para abrir una investigación de crímenes de guerra por las acciones de Israel. Tanto el actual fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, como Luis Moreno Ocampo, quien fue el fiscal en el momento de la declaración palestina de 2009, argumentan que una nueva petición palestina tendría que ser presentada para que el Tribunal pueda abrir una investigación.
“Ellos están tratando de esconderse detrás de la jerga legal para disfrazar lo que es una decisión política, para descartar la competencia y no involucrarse”, dijo otro exfuncionario de la Corte, citado por ‘The Guardian’. El abogado francés que representa a los palestinos, Gilles Devers, dijo, por su parte, que “hay una enorme presión para no abrir una investigación”. “Esta presión ha sido ejercida sobre Fatah y Hamás, así como sobre la oficina del fiscal”, destacó.
“En ambos casos, [esta presión] toma la forma de amenazas sobre los subsidios financieros, tanto a Palestina como a la Corte Penal Internacional”, agregó.
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