Los 193 países que integran la Asamblea General de Naciones Unidas votaron este miércoles por unanimidad una resolución para garantizar la privacidad y limitar la extensión del espionaje en las telecomunicaciones e Internet. Aunque la disposición no es vinculante, el respaldo unánime es una contundente expresión del rechazo global hacia las prácticas de vigilancia de Estados Unidos, desveladas por Edward Snowden. Washington ha apoyado el texto tras lograr, con el apoyo de Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, rebajar el tono de parte de la redacción.
La resolución fue presentada a principios de noviembre a instancias de Alemania y Brasil, cuyas dirigentes, la canciller Angela Merkel y la presidenta Dilma Rousseff, han sido víctimas directas del espionaje de Estados Unidos y ante las que el presidente del país, Barack Obama, se disculpó personalmente. La resolución establece la obligación de “respetar y proteger el derecho a la privacidad, incluso en el contexto de la era digital” y exige a los Estados transparencia y mayores garantías en la interceptación de comunicaciones.
La disposición insta a los países a que sus prácticas de espionaje no conculquen la legislación internacional sobre derechos humanos y les pide que “revisen sus procedimientos, prácticas y la legislación relacionada con la vigilancia de las telecomunicaciones y su recopilación, incluyendo el espionaje masivo con la finalidad de defender el derecho a la privacidad”.
Aunque no se cita a EE UU expresamente, el rechazo a la extensión y falta de control legal e institucional de sus programas de espionaje está implícito a lo largo del texto de la resolución. Consciente del potente simbolismo de quedar aislado frente al respaldo unánime del resto de los miembros de la Asamblea General, por mucho que la resolución no sea vinculante, Washington no se ha opuesto a la disposición, aunque, para otorgar su apoyo ha conseguido matizar la severidad de algunas menciones de su contenido, logrando, por ejemplo, que se sustituyera “vigilancia masiva” por “vigilancia cuando se desarrolla a una escala masiva” a la hora de establecer que este tipo de práctica tiene “un impacto negativo en el ejercicio y disfrute de los derechos humanos”.
La resolución de la Asamblea General se votó el mismo día en que la Casa Blanca hizo público el informe de un comité de expertosrecomendando limitar la extensión del espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y la misma semana en la que un juez federal ha cuestionado la constitucionalidad de algunos de sus programas. El presidente estadounidense anunciará las conclusiones del proceso de revisión de las prácticas de vigilancia en enero.
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