De los 12 condenados del caso mensalão a los que el Supremo había ordenado encarcelar, once se entregaron a la policía entre el viernes y el sábado por la mañana, y uno, el exdirector del Banco de Brasil (BB), Henrique Pizzolato, con una pena de 12 años y 7 meses de cárcel que debía cumplir en régimen cerrado, se hallaba fugitivo en Italia cuando la policía intentó localizarlo en su domicilio.
Desde Italia, país del que su familia es originaria, Pizzolato ha hecho saber que pedirá un nuevo proceso a la justicia italiana.
Un equipo de la Policía Federal estuvo este viernes en la casa del político, del Partido de los Trabajadores (PT) -como Dirceu y Genoino- para detenerle al no haberse presentado. La familia les dijo que no sabían su paradero.
Parientes del exdirector de BB anunciaron después en nota de prensa que Pizzolato se halla en Italia desde hace 45 días a pesar de que el Supremo había exigido que se les retirara el pasaporte a todos los condenados del mensalão.
Su abogado, Marthius Lobato, ha afirmado que solo ayer supo que su cliente había huido a Italia, y que desconoce cómo lo hizo, ya que el año pasado fue obligado a entregar tanto el pasaporte brasileño como el italiano (Pizzolato posee la doble nacionalidad).
Lobato ha distribuido a la prensa un comunicado en el que el exdirector del BB critica la manera en que fue conducido el proceso contra él por elSupremo Tribunal Federal (STF) y anuncia que pedirá un nuevo proceso. “Al no vislumbrar la posibilidad de poder gozar de un proceso judicial lejano de motivaciones político-electorales, con nítido carácter de excepción, decidí consciente y voluntariamente, hacer valer mi legítimo derecho a tener un nuevo juicio en Italia, en un tribunal que no se someta a las imposiciones de los medios empresariales, como está consagrado en el tratado de extradición Brasil-Italia” afirma la nota.
El exdirector del importante banco público fue condenado por el Supremo por haber autorizado destinar 73,8 millones de reales (32,4 millones de dólares) para el esquema de corrupción del mensalão, que distribuyó cientos de millones de reales a políticos y partidos para apoyar al primer Gobierno del entonces presidente Lula da Silva, entre 2003 y 2005, según sancionó el Supremo.
Pizzolato recibió por aquella operación 336.000 reales (151.000 dólares) que le fueron entregados en dinero.
Pasada la sorpresa del encarcelamiento de los primeros once condenados del mensalão y ahora de la fuga de Pizzolato, la sociedad analiza el hecho de que el presidente del Supremo y juez instructor del mayor y más largo proceso político-judicial de la democracia, Joaquim Barbosa, quisiera firmar el mandato de prisión de los 12 primeros condenados a la cárcel el mismo día que Brasil celebraba la Fiesta Nacional de la República.
El académico y comentarista político Merval Pereira ha llegado a ver en este procedimiento la intención de remarcar que ha nacido una “nueva República”, en la que, por primera vez, la sociedad ha podido comprobar que la tristemente famosa impunidad para los crímenes de políticos y personajes de cuello blanco, se ha quebrado.
Sin embargo, pese a que la mayor parte de la gente en la calle aplaude, aunque aún incrédula, la entrada en la cárcel de personajes polìticos de primera plana, un hecho inédito en la democracia del país, ha habido también quienes han firmado un documento en apoyo de algunos de ellos. Por ejemplo, al diputado y expresidente del PT, José Genoino.
El documento, publicado hace tres días, presenta 3.000 firmas, entre las que figuran intelectuales como la filósofa marxista, Marilena Chauí, políticos como el exministro Paulo Vannuchi, periodistas como Ricardo Kotscho y Franklin Martins y artistas como el músico y compositor, Chico Buarque.
En el documento que empieza diciendo: “Nosotros estamos aquí”, los signatarios afirman: “Estamos aquí, mostrando nuestra cara porque nos enorgullecemos de personas como él (Genoino) que dedican su vida a construir la democracia”, y añade: “Genoino personifica un sueño. El sueño de que un día tendremos una sociedad (la brasileña) en la que halla fraternidad y todos sean, de hecho, iguales ante la ley”.
Genoino fue condenado por el Supremo a seis años y 11 meses de cárcel que deberá cumplir en régimen semiabierto. Fue el primero ayer en entregarse, saludando con el puño en alto y diciéndose un “preso político”.
Genoino y Dirceu se cruzaron por la noche en las dependencias de la Policía Federal de São Paulo. Ambos se animaron a seguir firmes. El expresidente Lula da Silva que oficialmente había escogido el silencio: ¿»Quién soy yo para juzgar o insinuar algo sobre la Suprema Corte??», les había contestado a los periodistas, telefoneó a Dirceu para decirle: «Estamos todos juntos».
El exministro de Lula criticó este sábado el «gasto público» creado para llevar a todos los condenados hasta Brasilia desde sus respectivos Estados para decidir a qué penal será trasladado cada uno de ellos.
Por su parte, la presidenta Dilma Rousseff, aprovechando la festividad de la República, muy celebrada por la sociedad brasileña, después de haber decidido no comentar el asunto del mensalão escribió significativamente en su cuenta de Twitter: “Ser presidenta de la República significa “vigilar y proteger la cosa pública, cuidar del bien común, prevenir y combatir la corrupción”.
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