Para que un juez disponga la interceptación de las comunicaciones de un peligroso extorsionador —y así probar su delito—, la Policía y la Fiscalía debían esperar mínimo 15 días, tiempo suficiente para que el delincuente se dé a la fuga.
A fin de evitar que la delincuencia burle la justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía y los ministerios del Interior y de Justicia anunciaron ayer la firma de un protocolo para agilizar los procedimientos en materia de lucha contra el crimen organizado.
Esta guía de actuación conjunta establece que un juez deberá resolver en 24 horas, “o lo más inmediato posible”, el pedido de levantamiento del secreto de las comunicaciones presentado por un fiscal.
Los magistrados (en materia penal) también tendrán 24 horas para resolver las solicitudes de levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil, así como de impedimento de salida del país de una persona que es investigada.
Ese mismo plazo tendrán los jueces para emitir una resolución judicial de autorización de allanamiento.
DATOS
– Mario Amoretti, decano del Colegio de Abogados de Lima, destacó este protocolo, pues dijo que antes no había plazos establecidos.
– William Postigo, viceministro del Interior, dijo que esta guía es importante para combatir al hampa de manera más rápida.
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